AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

D. José Luis Nieto Martínez, … según consta acreditado, ante el Excmo. Ayuntamiento comparece y, como mejor proceda en Derecho

DICE:

I. Que, en fecha 31 de mayo de 2021, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León, el anuncio por el que se comunica que se somete a exposición pública el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de Astorga en Pleno, en sesión ordinaria de 27 de mayo de 2021, por el que se aprueba la memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero referente al análisis de las distintas fórmulas de gestión de los servicios municipales de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y punto limpio en el término municipal de Astorga.

II. Que esta parte ha tenido conocimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en el marco del expediente de “remunicipalización” del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y punto limpio en el término municipal de Astorga y ha tenido ocasión de examinar la memoria justificativa elaborada y, en su caso, la naturaleza jurídica del ente que vaya a encargarse de la futura prestación del servicio, así como el resto de documentos objeto de esta fase de exposición pública.

III. Que del análisis de dichos documentos, se aprecia la existencia de diversos vicios invalidantes del presente procedimiento. Así, sin perjuicio de su posterior y detallado desarrollo en el presente escrito de alegaciones conviene advertir desde este mismo instante, que los acuerdos adoptados por el Pleno adolecen de los siguientes defectos:

(i) La composición de la Comisión es anulable al no respetar los requisitos establecidos en la Ley, por cuanto carece de un adecuado componente técnico;

(ii) La Memoria elaborada por la Comisión carece absolutamente de los contenidos mínimos exigidos por la normativa aplicable;

(iii) Adicionalmente, las estimaciones y los cálculos del gasto contenidos en la Memoria son incorrectos; y,

IV. Que, conforme dispone el Anuncio y en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.1.c) del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, (“TRRL”), y dentro del plazo de treinta días naturales conferido al efecto, esta parte viene a formular las siguientes ALEGACIONES.

HECHOS

Primero.- Sobre el procedimiento para cambiar la forma de gestión de los servicios municipales de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y punto limpio

Con fecha 5 de mayo de 2020 (documento número 1) y posterior Acuerdo de 11 de mayo de 2020 (documento número 2) , el Alcalde, don Juan José Alonso, aprobó la constitución de la Comisión de Estudio.

La Comisión de Estudio tiene la siguiente composición (documentos nº 1 y nº 2):

(i) Como presidente: D. José María Jáñez Franco, Primer teniente de Alcalde y concejal delegado de hacienda, desarrollo económico e industrial del Ayuntamiento de Astorga.

(ii) Vocales integrantes de la Corporación: Dª. Nuria Bautista Ordás, concejala delegada de medio ambiente y pedanías del Ayuntamiento de Astorga; y Dª María Ángeles Rubio Martínez, concejala delegada de personal del Ayuntamiento de Astorga.

(iii) Vocales con voz y sin voto: D. Julián García Fernandez (PP); y Dª Graciela Espiñera Gonzalez UPL) .

(iv) Vocales de carácter Técnico: D. Eloy Algorri García, Arquitecto del Ayuntamiento de Astorga; y D. Jaime Martino Díaz-Caneja, Coordinador Técnico del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación provincial de León.

La elaboración de la Memoria se encargó a una empresa externa . Con carácter previo a su finalización, el Acta de la Comisión de Estudio, de 16 de diciembre de 2020 (documento nº9) concluye lo que sigue:

La memoria es aprobada por la Comisión de Estudio (documento nº13) con fecha 21 de enero de 2021:

En lo que respecta al contenido de la Memoria (documento nº19, de 18 de enero de 2021), ésta se estructura en diferentes partes: Formas de gestión; Expediente de municipalización; Comparativa económica de los diferentes tipos de recogida. Ya avanzamos desde este momento que, la mayor parte de la Memoria no responde verdaderamente a su objeto, ya que ni se analiza adecuadamente el estado del servicio, ni, muchos menos, se realiza un verdadero estudio económico-financiero del mismo, por tanto, la misma constituye un documento inútil para la finalidad que pretende.

Las conclusiones a las que llega la Memoria ponderan aspectos económicos de los distintos modelos de gestión, realizando unos cálculos que no podrán ser tomados en consideración como un elemento válido a la hora de resolver sobre cuál ha de ser la modalidad más adecuada para la prestación del servicio.

Con fecha 14/05/2021 se presenta “INFORME DE VIABILIDAD” redactado por la empresa externa Estudio de Ingeniería Civil, S.L. (E.I.C.) y adjudicado en resolución 148/2021 de 19 de marzo de 2021, donde realiza un análisis de los costes del servicio actualmente contratado denominado “Valoración de los costes de explotación de los servicios actuales” y “situación futura de prestación de servicios” (documento nº 24 Estudio de Viabilidad”). Como se desarrollará más adelante dicho estudio ofrece una situación sesgada y ventajista favorable a la situación futura prevista, partiendo de unos costes irreales con respecto a lo que actualmente está pagando el Ayuntamiento de Astorga a la actual concesionaria, lo que arroja un incremento del servicio de más del 50% respecto a los costes actuales como igualmente recoge el informe de Intervención.

Con fecha 18 de mayo de 2021, la Interventora evacuó el correspondiente informe “ASUNTO: ESTUDIO VIABILIDAD REMUNICIPALIZACION SERVICIO DE RECOGIDA RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA Y GESTION DEL PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE ASTORGA”.

Terminados todos los trámites descritos, finalmente el 27 de mayo de 2021, el Pleno aprueba la Memoria y acuerda su exposición pública.

ALEGACIONES


Primera.- De la invalidez de la Comisión de Estudio

a. Régimen jurídico aplicable a la composición de la Comisión de Estudio

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 97.1.a) TRRL establece que la comisión de estudio o, en este caso, la Comisión Técnica debe estar compuesta tanto por (i) miembros de la Corporación, como por (ii) personal técnico.

Si bien dicho precepto no recoge el número mínimo de miembros de la comisión de estudio, ni concreta los cargos que éstos deben ostentar, resulta evidente que, al menos, deberá contar con representación de los grupos políticos de la corporación en cuestión, además del personal técnico correspondiente. Máxime cuando la Comisión tiene por objeto la preparación de una memoria justificativa sobre la forma de gestión de un servicio público.

En este sentido, si bien el artículo 56 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales (“RSCL”) ha quedado superado en este aspecto por el artículo 97.1.a) TRRL, el mismo ya indicaba que la Comisión que se creara para la municipalización o provincialización de los servicios debía estar compuesta por:

(i) Concejales o diputados y técnicos de la Corporación.

(ii) Elementos técnicos.

(iii) Representantes de los usuarios, designados por las Cámaras Oficiales correspondientes, si las hubiere.

Cabe indicar que la composición de la comisión informativa en cuestión que se constituya debe ser lo más representativa posible del Pleno del Ayuntamiento, pero también debe estar integrada por el personal técnico competente.

Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección4ª) de 30 de noviembre de 1995 [RJ 1995\8947]:

“La composición no proporcional de las Comisiones Informativas vendría a falsear, en consecuencia, el funcionamiento del Ayuntamiento en Pleno, tanto en lo que toca al ejercicio de las competencias decisorias que la Ley le atribuye como en lo que respecta a la función, intrínseca a todo órgano representativo, de controlar, discutir y criticar la actuación de todos aquellos órganos de gobierno y administración que no emanan directamente de la elección popular.”

Por tanto, de la normativa expuesta se desprende la necesaria presencia de personal técnico puesto que ésta tiene como objeto, en los procesos de remunicipalización, la elaboración de la memoria justificativa que estudie la forma de gestión del servicio público en cuestión con el fin de determinar cuál ha de ser la más sostenible y eficiente, lo que resulta también de aplicación a nuestro caso aunque la elaboración de la Memoria se haya externalizado, debiendo la Comisión cumplir sus funciones de valoración y comprobación.

Siendo los integrantes técnicos de la Comisión, el arquitecto del Ayuntamiento de Astorga; y el Coordinador Técnico del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación provincial de León, entendemos que dicho requisito no se cumple regladamente.

b. Consecuencia de la irregular composición de la Comisión Técnica: anulabilidad

La infracción de los preceptos que rigen la composición de las comisiones informativas de carácter no permanente implica que la composición de la misma sea totalmente defectuosa e irregular.

En consecuencia, la composición de la Comisión es anulable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, por haber infringido los requisitos establecidos en el artículo 97 TRRL.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección4ª) de 30 de noviembre de 1995 [RJ 1995\8947] confirma la sentencia que anulaba los acuerdos municipales adoptados por una comisión informativa debido a que en su composición tan sólo había un concejal. La sentencia establece lo siguiente:
“La sentencia apelada ha anulado los acuerdos municipales referentes a las Comisiones Informativas Permanentes que, como órgano complementario del Ayuntamiento de Villajoyosa, a tenor del artículo 20, c) de la Ley 7/1985, de 2 abril (RCL 1985\799, 1372 y ApNDL 205), se han dotado de una composición, que se fija en los referidos acuerdos, de un único Concejal -o, en su caso, de un suplente- por cada partido político que haya obtenido concejalía en el Ayuntamiento, aunque dotando a cada Concejal de un voto ponderado, que representa el número total de Concejales obtenido por su partido […] Procede confirmar la sentencia apelada por lo expuesto y por los fundamentos que expresa la Sala de Valencia, sin que existan circunstancias que justifiquen una expresa imposición de costas en esta apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” [El subrayado y la negrita son nuestros.]

Segunda.- Ausencia de justificación en la Memoria del régimen de monopolio

No podemos dejar de resaltar que el cambio de modelo de prestación del servicio que pretende instaurar el Ayuntamiento no implica únicamente pasar de un modelo de gestión a otro, sino que, además, conlleva una exclusión total y absoluta de la competencia, en los términos que expondremos en esta alegación.

De hecho, las normas de régimen local contenidas tanto en el TRRL como en la LBRL obligan en estos casos (i) a justificar la conveniencia de excluir totalmente la competencia y (ii) a cumplir en ese supuesto determinados trámites.

En este sentido, adelantamos que el Ayuntamiento ha omitido en la Memoria la justificación sobre la conveniencia o necesidad de prestar el servicio en régimen de exclusión total de la competencia.

a. Sobre el régimen jurídico aplicable para crear un monopolio de gestión

En primer lugar, el artículo 86.2 LBRL habilita a las entidades locales para que declaren una actividad o servicio esencial en régimen de monopolio. En concreto, dicho precepto reserva a las entidades locales las siguientes actividades o servicios esenciales: “[A]bastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de gas y calefacción; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros; servicios mortuorios.” [El subrayado es nuestro].

Pues bien, no cabe duda de que en el presente caso resulta de aplicación la previsión establecida en el artículo 86.2 LBRL. Así, en el marco de un expediente de “municipalización” de un servicio público, la Corporación no solamente está seleccionando un modelo de gestión de un servicio público, sino que también está alterando las reglas de mercado, excluyendo totalmente la competencia.

Cabe distinguir, en este punto, la competencia en el mercado y la competencia por el mercado:

(i) La competencia en el mercado se produce en cualquier mercado por la mera concurrencia de una pluralidad de empresas que producen los mismos bienes o servicios.

(ii) Por otro lado, la competencia por el mercado se produce cuando, en el ámbito de la licitación pública, las empresas interesadas en prestar un determinado servicio compiten por conseguir ese mercado, resultando la empresa adjudicataria la única prestadora del servicio.

Dada la naturaleza del servicio (la recogida y transporte y la limpieza viaria) como un “servicio esencial reservado”, el mismo no es susceptible de prestarse en un régimen de competencia en el mercado. A partir de aquí, existen dos posibilidades:

(i) Que se permita la iniciativa privada –lo que ocurre en la forma de gestión indirecta mediante licitación pública– de modo que exista competencia por el mercado. En este caso, tan sólo habría un monopolio de titularidad.

(ii) Que se excluya totalmente la iniciativa privada, como sucede en los expedientes de “municipalización” de servicios públicos al pasar a una gestión directa. En este supuesto, se estaría estableciendo un monopolio adicional; esto es, el monopolio en la gestión.

De este modo, las empresas privadas no podrán concurrir a las licitaciones y será el propio Ayuntamiento el que directamente gestione el servicio público, ya lo haga por sí mismo o a través de un organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil de titularidad pública.

Por todo ello, mediante la “municipalización” no sólo se está cambiando el modelo de gestión del servicio (con los correspondientes trámites legales que ello conlleva), sino que también se está excluyendo la competencia y la iniciativa privada y se está creando un nuevo monopolio.

Esto ha sido expresamente reconocido por el Informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat valenciana sobre la “municipalización de las redes privadas de abastecimiento de agua potable del municipio de Montserrat”, de 11 de enero de 2018, elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 LBRL:

“[E]l monopolio no hace referencia a la forma de gestión, es decir, asumir la prestación efectiva mediante gestión directa, sino a la existencia de un servicio público integral, como son los enumerados en el citado artículo 86.2 de la LBRL, excluyendo la libre iniciativa privada. Como ha señalado la doctrina, si se opta por la gestión directa el régimen de monopolio ya no es sólo de titularidad, sino también de gestión. En este caso se suprime de forma radical la iniciativa privada en relación a la actividad prestacional declarada servicio público.” [La negrita y el subrayado son nuestros]

En consecuencia, dado que el artículo 86.2 LBRL se refiere indudablemente al monopolio de gestión, procede analizar las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento al respecto.

b. Sobre la necesaria justificación en la Memoria del régimen de monopolio de gestión

En el supuesto de que la Corporación pretenda prestar el servicio público en régimen de monopolio de gestión, la citada memoria no sólo deberá contener un análisis detallado y/o una comparativa de las formas alternativas de gestión del servicio, sino que además deberá exponer debidamente la conveniencia o necesidad de prestar el servicio limitando totalmente la competencia y la iniciativa privada.

De hecho, la memoria debe contener ambos pronunciamientos para cumplir su finalidad; es decir, justificar la mejor forma de gestión del servicio público.

En este sentido, el artículo 97.2 TRRL que, junto con el artículo 86.2 LBRL regulan el régimen jurídico aplicable para la ejecución en régimen de monopolio de gestión de un servicio esencial reservado, establece expresamente que “[S]e requerirá el cumplimiento de los trámites previstos en el número anterior referidos a la conveniencia del régimen de monopolio”. [El subrayado es nuestro.]

Pues bien, dicho requisito inexcusable ha sido expresamente reconocido por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su informe de 21 de enero de 2010 . En este sentido, el citado informe expone lo siguiente:

“El referido artículo 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, donde se regula el procedimiento que deberán seguir las entidades locales para el ejercicio de cualesquiera actividades económicas, establece que en la Memoria que se habrá de elaborar al efecto se determinará la forma de gestión y si se pretende su prestación efectiva en régimen de monopolio, se justificará su conveniencia. En otras palabras, en ella deberá quedar acreditado que el sistema de gestión elegido garantiza la consecución la consecución de unos niveles adecuados de eficacia y eficiencia; y, en su caso, que la mejor satisfacción del interés general requiere la provisión del servicio mediante estructuras de mercando donde actúe un único oferente. En este sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado en diversos asuntos sobre la necesidad de probar que el mantenimiento del monopolio de los servicios es necesario para asegurar adecuados niveles de vida a los ciudadanos.” [El subrayado y la negrita son nuestros.]

Y, en términos similares, se ha pronunciado también la Autoridad Catalana de la Competencia en su informe OB 35/2017, al indicar lo siguiente:

“Asimismo, el artículo 97 del RDL 781/1986, en el que se regula el procedimiento que deben seguir las entidades locales para el ejercicio de cualesquiera actividades económicas, establece que en la memoria que se elabore se determinará la forma de justificará su conveniencia. En otras palabras, en esta memoria deberá quedar acreditado que el sistema de gestión elegido garantiza la consecución de unos niveles adecuados de eficacia y eficiencia; y, en su caso, que la mejor satisfacción del interés general requiere la provisión del servicio mediante estructuras de mercado en las que actúe un único oferente.

En otras palabras, se trata de que la decisión sobre el régimen de prestación, pero también la posterior decisión sobre la forma concreta de gestión del servicio, se encuentre motivada adecuadamente y explicada desde la óptica del derecho a una buena administración, de manera que se trate de una decisión basada en una mayor eficiencia y calidad en la prestación del servicio.

Desde la perspectiva de la política de competencia, cuando la iniciativa pública intervenga en el mercado resulta exigible que se detallen con claridad los objetivos perseguidos y que la actividad económica por desarrollar sea de indudable utilidad pública. Del mismo modo, la necesidad y la justificación de la actuación deberán incluir una motivación suficiente y adecuada que constate que se ha escogido la mejor vía para alcanzar el objetivo perseguido. Asimismo, la actuación pública debe ser proporcional a la finalidad, lo que significa que no debe ir más allá de lo que es absolutamente necesario para lograr el objetivo de interés público que la justifica, de modo que la distorsión producida en el mercado sea mínima.

En términos de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), “en aquellos casos en que la consecución de los objetivos definidos requiera introducir, directa o indirectamente, algún tipo de restricciones a la competencia, debería ser condición necesaria para su aprobación la justificación de la necesidad de tales restricciones. Al fin y al cabo […] la libertad de empresa y el buen funcionamiento del mercado son objetivos a cuya defensa también vienen obligados los poderes públicos.” [El subrayado y la negrita son nuestros.]

c. Sobre la tramitación administrativa para prestar un servicio público en régimen de monopolio de gestión

Como se ha adelantado, el artículo 86.2 LBRL prevé una tramitación específica para aquellas corporaciones que pretendan gestionar directamente un servicio público y restringir, de este modo, tanto la competencia como la iniciativa privada, siempre y cuando se trate de uno de los siguientes servicios de carácter reservado:

(i) abastecimiento domiciliario y depuración de aguas;

(ii) recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; y,

(iii) transporte público de viajeros.

Pues bien, para la ejecución en régimen de monopolio de gestión de un servicio esencial reservado, la corporación debe seguir los trámites legales previstos para ello, conjuntamente, en el artículo 86.2 LBRL y en el artículo 97.2 TRRL. En particular:

(i) recabar informe de la autoridad de competencia correspondiente;

(ii) aprobación del proyecto (de cambio de gestión del servicio en cuestión) por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación; y,

(iii) aprobación de la efectiva ejecución de la actividad en régimen de monopolio por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Resulta conveniente citar, en este punto, la Sentencia 9494/2000 de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 7ª) que recoge expresamente la necesidad de obtener en estos supuestos la aprobación de la Comunidad Autónoma en los siguientes términos:

“Y tratándose de las Entidades locales, el ejercicio de esa iniciativa pública para realizar actividades en régimen de libre concurrencia solo exige la aprobación por el Pleno de la Corporación; pero si se trata de ejecutar las actividades en régimen de monopolio se exige, además, la aprobación por el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma (arts 86 LBRL y 96 TRRL).

Por lo que ya en particular se refiere al ejercicio de actividades o servicios en régimen de monopolio, por parte de las Entidades Locales, la lectura de los artículos 129 de la Constitución CE, 86 de la LBRL y 96 y 97 del TRRL permite distinguir, como aspectos o conceptos diferenciados, los siguientes:

(…)- La decisión de la Entidad local por la que, ejercitando esa habilitación legal, asume de manera efectiva la responsabilidad sobre la ejecución de la actividad legalmente reservada, para desarrollarla en régimen de monopolio, y que, por ello, impide en lo sucesivo la iniciativa privada que con anterioridad pudiera haber existido sobre esa actividad. Esta decisión requiere cumplir los trámites ordenados en los artículos 86 LBRL y 97 TRRL, y, además, la aprobación del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma.” [El subrayado y la negrita son nuestros.]

En el presente caso, el Ayuntamiento pretende cambiar la forma de gestión del servicio de indirecta a directa con el fin de que el mismo sea gestionado por medio de una sociedad mercantil de titularidad pública.

No cabe duda de que, mediante este mecanismo, el Ayuntamiento estaría estableciendo un monopolio de gestión respecto de la prestación del servicio esencial de carácter reservado de “limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.2 LBRL.

Además, cabe recordar que la instauración de dicho monopolio conlleva implícitamente lo siguiente:

(i) La absoluta limitación de la iniciativa privada, ya que las empresas privadas no podrán concurrir a la licitación correspondiente; y, por ende,

(ii) La restricción de la competencia por el mercado.

Por lo tanto, dada la importancia y las implicaciones que el monopolio de gestión del Servicio conllevarían, resulta imprescindible que la tramitación del presente expediente de “municipalización” cumpla con los trámites legales previstos al efecto en el artículo 86.2 LBRL y en el artículo 97.2 TRRL. En concreto:

(i) justificación en la Memoria de la conveniencia del régimen de monopolio (de gestión).

(ii) solicitud de informe de la autoridad de competencia correspondiente;

(iii) aprobación del proyecto (de cambio de gestión del servicio en cuestión) por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación; y,

(iv) aprobación de la efectiva ejecución de la actividad en régimen de monopolio por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, resulta notorio que la Memoria ni tan si quiera se menciona que el cambio de gestión del servicio, en los términos expuestos en la misma, conllevaría la creación de un monopolio de gestión.

Por lo tanto, el Ayuntamiento ha incumplido el requisito inexcusable de justificar la conveniencia de excluir la competencia en este mercado.

Tercera.- Invalidez de la Memoria

Como se expondrá en la presente alegación, la Memoria es inválida por cuanto (i) incumple los presupuestos mínimos que exige la normativa respecto a su contenido, (ii) no justifica ni acredita que la forma de gestión del servicio a través de una sociedad mercantil local sea la forma más sostenible y eficiente y (iii), en cualquier caso, las conclusiones a las que llega están basada en datos que no se ajustan a la realidad.

a. Régimen jurídico

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.b) TRRL y 85.2 LBRL , la memoria que debe elaborar la comisión de estudio que se constituya al efecto en el marco de un expediente de “municipalización”, debe justificar que la forma de gestión directa propuesta para el servicio público local es la más sostenible y eficiente de entre las siguientes:

(i) Gestión por la propia Entidad Local.

(ii) Organismo autónomo local.

(iii) Entidad pública empresarial local.

(iv) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

Y, más concretamente, cuándo la entidad local pretenda que el servicio público se gestione a través de una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, la memoria deberá, además, justificar que esa forma de gestión resulta más eficiente y sostenible que las otras dos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.2 LBRL.

Pues bien, en relación con lo anterior, dicha memoria debe comprender un análisis de la forma de gestión propuesta que abarque, al menos, los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros conforme a los requisitos y a la documentación que se recogen en los artículos 59 y siguientes del RSCL.

b. Ausencia de requisitos y documentos legalmente exigidos en la Memoria. Incorrecto planteamiento de los aspectos social, jurídico, técnico y financiero del Servicio

En este apartado analizaremos, por un lado, la ausencia en la Memoria de los requisitos y de la documentación de cada uno de los aspectos que exige la normativa aplicable (social, jurídico, técnico y financiero) y, por otro, el incorrecto planteamiento y/o la ausencia de justificación de cada uno de esos aspectos en la Memoria.

Aspectos sociales

Falta de concreción de la Memoria. Mecanismo de subrogación de trabajadores e impacto en la naturaleza de su vínculo con la actual empresa prestataria del servicio

La Memoria debe abordar los aspectos sociales del nuevo modelo de gestión elegido. Sin embargo, adolece del análisis y concreción exigible al respecto.

La Memoria (i) no explica el mecanismo de subrogación en virtud del cual el actual personal pasará a ser empleado por la nueva sociedad mercantil 100% pública; y (ii) se limita a indicar que los trabajadores se integrarán en la sociedad mercantil pública como “indefinidos no fijos”, sin ofrecer mayor explicación al respecto. Página 55 de la Memoria:

“En resumen, pues, podríamos contemplar estos escenarios:
a) Un cambio legal que eliminase los obstáculos actualmente presentes, bien en general, bien en cuanto al incremento de plantillas, o bien legalizando la posibilidad de subrogación.
b) Una aplicación de las reglas sucesorias laborales en los casos en los que las mismas resultasen aplicables por existir claramente el supuesto de transmisión de empresas del art. 44 ET, aunque con los problemas para que ello condujese a empleo estrictamente fijo, pues seguramente la conclusión sería la integración del personal en condición de indefinidos no fijos, solución no plenamente satisfactoria, aunque con la posibilidad posterior de acceso en condiciones regulares al empleo público a través de los procedimientos reglados que pudieran resultar aplicables.”

Esta falta de análisis y pronunciamiento concreto sobre el futuro de los trabajadores debería de haberse realizado ya y haberse plasmado en la Memoria.

Por otra parte, en cuanto al mecanismo de subrogación de los trabajadores, en la Memoria se da por sentada la procedencia de tal subrogación a la nueva sociedad mercantil pero no se cataloga jurídicamente el mecanismo que se empleará para ello, ni se establece con claridad el impacto y las consecuencias que tal subrogación tendrá, o podría tener, sobre las condiciones laborales de los trabajadores.

Este hecho reviste especial importancia dado que no se trata de una cuestión pacífica, no existiendo un criterio jurisprudencial unánime y homogéneo al respecto. En este sentido, podrían abrirse varias alternativas –algunas con más visos de prosperar que otras– pero no se determina cual será la empleada. Es decir, no se concreta si (i) resultará de aplicación el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, (ii) la subrogación se hará por vía convencional; o si (iii) en el acuerdo por el que se cree esa sociedad mercantil local se recogerá expresamente la obligación de subrogar a los trabajadores y las condiciones en que ésta se llevará a cabo. Se realiza un análisis teórico solamente.

Las afirmaciones contenidas en la Memoria respecto de los trabajadores resultan cuestionables

El Informe tiene en consideración solamente el personal directo que actualmente presta servicio.

  • No contempla absentismo, ni sustitución de vacaciones, etc. (se estima que para cubrir un puesto de trabajo es necesario disponer de 1,27 % trabajadores, es lo que se conoce como Plantilla Equivalente), es decir que los costes de personal deberían incrementarse en la misma proporción respecto a los indicados en el estudio de situación futura. Por ello si se toma como dato del estudio la existencia de 7 conductores + 6 peones + 1 peón mecánico al 100% de la jornada y 4 peones al 50% de la jornada, nos arroja una cifra total de al menos 16 operario a jornada completa que en Plantilla Equivalente correspondería a la contratación de un total de 20,32 operarios a jornada completa, ello supone una grave distorsión de los cálculos de la Memoria en la que se basa el Expte. de Municipalización,
  • No se hace referencia al convenio de aplicación, ¿Qué convenio se les va a aplicar a las nuevas incorporaciones, el Municipal, el Provincial o el actual de centro?
  • No se aportan tablas salariales justificativas, se desconoce si se prevé realizar ajustes y rebajas tanto salariales como del número de trabajadores a prestar servicio.
  • Se prevé la contratación de un Gerente con titulación y experiencia demostrable para gestionar una sociedad pública (no incluido en los costes).
  • Dado el número de equipos que se proponen en la situación futura se considera insuficiente la plantilla actual para poner en servicio todos los equipos con lo que se estima tener que incorporar un mayor número de trabajadores con el consiguiente coste no previsto en el estudio de viabilidad.

Mayor contención de los costes previstos.

Como se ha indicado anteriormente, el Informe de Viabilidad elaborado por el Estudio de Ingeniería Civil, S.L. (E.I.C.), parte de una situación que califica y cuantifica como “situación actual” y otra sobre un “diseño futuro”.

El importe que justifica como situación actual es de 1.041.219.51 €/año IVA incluido. Ahora bien esto no es lo que actualmente está pagando el Ayuntamiento de Astorga como se puede comprobar a través de las facturas mensuales fiscalizadas, la realidad es:

  • Factura mensual de servicio: 65.797,42 €/mes x 12 = 789.569,04 €/año IVA incluido. Este es el coste real del servicio facturado a día de la fecha.
  • Puntualmente se está alquilando un vehículo por agotamiento de la vida útil del camión recolector de Carga Lateral principal por importe de: 4.620,00 €/mes x 12 = 55.440,00 €/año IVA incluido.
  • Es decir que si tenemos en cuenta el incremento del alquiler el coste real del servicio sería de: 789.569,04 + 55.440,00 = 845.009,04 €/año IVA incluido.
  • La diferencia por tanto respecto al servicio calificado como “situación actual” sería:
    1.041.219,51 – 845.009,04 = 196.210,47 €/año IVA incluido.
  • La diferencia es incluso mayor respecto al servicio calificado como “situación futura” incluyendo en ambos casos la inversiones (suma las amortizaciones descontadas en el contrato): 1.443.260,82 – 887.530,78 = 555.730,04 €/año IVA incluido. Esto supone un incremento de más del 50% respecto al precio actual incluyendo las amortizaciones descontadas a la finalización del contrato.
  • Como se puede comprobar los cálculos realizados en el estudio de viabilidad están tratados procurando dar una visión muy ventajista y favorable a la solución futura propuesta, tomando como referencia unos costes supuestos que no coinciden con lo que realmente se está pagando actualmente a la concesionaria del servicio.
  • Así mismo el Informe elaborado por la Intervención Municipal en su página 25 (documento nº30), recoge de forma expresa:

Aspectos jurídicos

El artículo 60 RSCL recoge el contenido mínimo jurídico que debe contener la Memoria:

(i) Características del servicio y su encaje en los preceptos que determinan la licitud de la municipalización o de la provincialización.
(ii) Justificación de la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 46 y certificación literal de los acuerdos adoptados por la Corporación al autorizar o conceder el servicio establecido si se pretendiere la implantación de monopolio.
(iii) Determinación y razonamiento de la elección del sistema de administración del servicio entre los previstos por este Reglamento, y esquema de la Organización de la Empresa que hubiere de ser establecida.
(iv) Proyecto de Reglamento de prestación del servicio y de los Estatutos de la Empresa cuando hubiere de utilizarse alguna forma de sociedad mercantil.
(v) Casos de cesación de la Empresa, conforme a lo que se consigna en este Reglamento, con indicación de las soluciones que hubieren de adoptarse en esos supuestos para que el servicio quede debidamente atendido.

En virtud de lo anterior, la Memoria debe contener en todo caso un estudio detallado y pormenorizado de las posibles formas de gestión del servicio en función de las características concretas del mismo, con el fin de determinar posteriormente cuál es la forma de prestación más adecuada, eficiente y sostenible. Sin embargo, la Memoria carece de un adecuado análisis de las formas de gestión del servicio.

Asimismo, la Memoria carece de un esquema de la organización de la sociedad municipal local que se pretende establecer.

En efecto, la Memoria no determina ni concreta la forma de organización de la sociedad.

En segundo lugar, la Memoria no contiene el Proyecto de Reglamento de prestación del servicio, tal y como exige el apartado cuarto del artículo 60 RSCL .

En tercer lugar, los Estatutos aportados son absolutamente genéricos y no responden a las necesidades de una Sociedad como la que se pretende crear. No se refiere cuál va a ser el sistema de administración de la sociedad (administrador único, Consejo de Administración), ni las competencias/funciones derivadas de la elección. Este hecho incumple claramente las previsiones del art. 103 TRRL que establece en su apartado 1 específicamente el Consejo de Administración como forma de gobierno de este tipo de empresas.

“En los casos en que el servicio o actividad se gestione directamente en forma de empresa privada, habrá de adoptarse una de las formas de Sociedad mercantil de responsabilidad limitada. La Sociedad se constituirá y actuará conforme a las disposiciones legales mercantiles, y en la escritura de constitución constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la Entidad local, la forma de constituir el Consejo de Administración y la determinación de quienes tengan derecho a emitir voto representando al capital social”.

Además, del análisis de los estatutos proporcionados se desprende que el objeto social comprende actos jurídicos necesarios para la realización o desarrollo de las actividades indicadas en él, contraviniendo lo indicado en el artículo 177 RRM, en relación a la SA, y el 178 RRM para la SRL, disponen de modo coincidente:

“1. El objeto social se hará constar en los estatutos determinando las actividades que lo integren.

No podrán incluirse en el objeto social los actos jurídicos necesarios para la realización o desarrollo de las actividades indicadas en él.

En ningún caso podrá incluirse como parte del objeto social la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado.”

En consecuencia, la Memoria incumple los requisitos y la documentación jurídica exigida con arreglo al artículo 85.2 y 85.2 ter LBRL, así como en el artículo 60 RSCL.

Aspectos técnicos

La Memoria debe contener todos los aspectos técnicos necesarios para validar la forma de gestión del servicio que se propone. Sin embargo, la Memoria carece de un análisis mínimamente técnico de estos aspectos.

En efecto, el contenido técnico de la Memoria, según lo dispuesto en el artículo 61 RSCL, debe comprender, al menos, los siguientes elementos:

(i) Anteproyecto de obras para la implantación del servicio, si este las requiriere, o bases de su planteamiento técnico, con el detalle suficiente para formar idea de la instalación o actividad de que se tratare.

(ii) Descripción técnica, estado de conservación y reformas para el rendimiento indispensable cuando se hubiere de actuar sobre instalaciones ya existentes.

Como se expondrá a continuación, la Memoria no recoge las características del servicio, su objeto, ni su forma de prestación y, ni tan siquiera tiene en cuenta (y mucho menos cuantifica) las reformas o inversiones que la gestión del servicio requiere a medio y largo plazo.

El Informe de Viabilidad elaborado por el Estudio de Ingeniería Civil, S.L. (E.I.C.) contempla unas inversiones excesivas, en algún caso redundante, y en muchos casos poco indicadas para la localidad de Astorga, tales como el exceso de baldeo el cual está condicionado a las condiciones climatológicas.

  • Duplicidad de medios con 2 furgones hidrolimpiadores.
  • Duplicidad de medios de baldeo: 2 baldeadoras de aceras + 1 cisterna de baldeo.
  • Dos camiones de carga lateral de grandes dimensiones (existen calles muy estrechas)
  • Exceso de contenerización injustificada de fracción selectiva, va a suponer llenar Astorga de contenedores y supresión de aparcamiento. Propone 182 islas frente a las 60 actuales.
  • Propone Islas móviles como sistema sustitutivo del “quita y pon” actual y que puede suponer una gran dificultad de acceso al centro de la ciudad, no se justifica cómo va a ser la implantación de este nuevo sistema, no se detallan los puntos de aportación, accesos, giros por las calles, etc.
  • A pesar que se propone un número excesivo de medios mecánicos sólo se propone una cabeza tractora para movimiento de islas, lo cual puede suponer un grave inconveniente en caso de avería.
  • En general se observa un exceso de maquinaria en relación al personal propuesto, lo cual lleva a concluir a cerca de la falta de coherencia del informe de viabilidad ya que o bien no se podrán utilizar todos los medios propuestos por falta de personal o lo que es más probable será necesario incrementar la plantilla como se ha indicado anteriormente, pero en este caso los costes no vienen reflejados ni se han tenido en cuenta para la justificación de la propuesta de Municipalización.

Aspectos financieros

Incumplimiento de los requisitos legales

La Memoria debe comprender también una valoración de los aspectos financieros de la fórmula de gestión que la entidad local proponga, con el fin de analizar los costes, tarifas y presupuestos que conllevaría que el Servicio pase a ser gestionado por medio de una sociedad mercantil local, de titularidad 100% pública.

En concreto, el artículo 62 RSCL recoge los siguientes aspectos financieros mínimos que debe contener la Memoria:

(i) Avance del presupuesto de ejecución de obras, instalaciones y reformas necesarias para un periodo de veinticinco años.

(ii) Proyecto de tarifas que hayan de regir una vez municipalizado o provincializado el Servicio y razonamiento de su cuantía en comparación con las de las Empresas que hubieren de ser expropiadas o rescatadas.

(iii) Estudio comercial del servicio en el que, con el auxilio de datos estadísticos, se refleje el coste del sostenimiento, productos previsibles y beneficio probable.

(iv) Estudio del coste de la expropiación, en su caso, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley y concordantes de este Reglamento.

(v) Fórmula financiera para conseguir los capitales que requiera el establecimiento del Servicio, con estudio de la amortización de la deuda que pudiera contraerse y sus posibles efectos en el presupuesto ordinario de la Entidad.

Falta de acreditación de la sostenibilidad financiera de la propuesta

Adicionalmente a los aspectos de carácter financiero que deben formar parte de la Memoria, el expediente de “remunicipalización” debe contener un informe del interventor local que valore la sostenibilidad financiera de las propuestas. Así se desprende de la dicción del artículo 85.2 LBRL:

“A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.” [La negrita y el subrayado son nuestros.]

En este sentido, el segundo apartado del artículo 4 LO 2/2012 define la sostenibilidad financiera como “la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial (…)” y, continúa, previendo la existencia de sostenibilidad de la deuda comercial cuando “el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.

Por lo tanto, el informe del interventor local debe valorar la sostenibilidad financiera en los términos arriba expuestos y siempre con arreglo al principio de prudencia financiera previsto en el artículo 4.3 LO 2/2012 .

Pues bien, el informe del interventor determina favorablemente que la gestión del servicio a través de una sociedad mercantil local es la fórmula más económica y que no supondría mayores costes para el Ayuntamiento. Concluye así que la fórmula propuesta es sostenible financieramente al prever seguir cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y endeudamiento por debajo del 75%.

Sin embargo, la anterior conclusión carece de soporte legal y técnico que lo avale, por cuanto –como se ha expuesto en el apartado relativo a los aspectos técnicos- la Memoria (en la que el interventor local basa su informe) omite cualquier estimación de las necesidades de los servicios y de las inversiones requeridas para satisfacer esas necesidades.

Incorrecta valoración de los aspectos relativos Gastos Generales, Beneficio Industrial y del IVA

También desde el punto de vista financiero, debe ser tenido en cuenta que la Memoria considera una de las principales ventajas del cambio de gestión de indirecta a directa el ahorro que se produciría en el ámbito de Gastos Generales, Beneficio Industrial y del IVA

Consideramos que la Memoria incurre en determinados errores y omite determinadas circunstancias en su valoración que eliminan o, al menos, alteran radicalmente el presunto ahorro fiscal expuesto.

En cuanto al IVA: Obligación de repercusión por el cobro de la prestación

De acuerdo con el artículo 7.8.A) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre sobre el IVA (“Ley del IVA”), no están sujetos al impuesto:

“A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas, así como las entidades a las que se refieren los apartados C) y D) de este número, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria.”.

Por su parte, el apartado C) del artículo 7.8 señala lo siguiente:

“C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32.”

En el modelo de gestión actual, el Ayuntamiento cobra a los usuarios una tasa por la recogida de basura industrial. Dado que la tasa se configura como una contraprestación de naturaleza tributaria, la prestación del Servicio no está sujeta al IVA en virtud del artículo 7.8.A) de la Ley del IVA y, por tanto, el Ayuntamiento no está obligado a repercutir IVA a los usuarios finales.

Ahora bien, en el nuevo modelo propuesto para la prestación del Servicio la entidad municipal pasaría a cobrar una prestación patrimonial de carácter público no tributario a los usuarios en lugar de una tasa. Ello supondría que la contraprestación por la prestación del servicio no tendría naturaleza tributaria y por tanto, quedaría fuera del supuesto de no sujeción previsto en el artículo 7.8.A) de la Ley del IVA. En consecuencia, por la prestación de dichos servicios, la entidad municipal tendría que repercutir un IVA del 10% a los usuarios finales, que podría llegar a constituir un mayor coste para estos si son total o parcialmente consumidores finales.

Por tanto, a pesar de que el coste del IVA no es directamente asumido por el Ayuntamiento, la forma de prestar el servicio propuesta por el Ayuntamiento sí trasladaría dicho coste a los usuarios que tengan total o parcialmente la consideración de consumidores finales, salvo que el propio Ayuntamiento decidiese bajar el precio actual del servicio para compensar el coste del IVA, en cuyo caso, se vería disminuido su ingreso frente al modelo anterior. Por ello, se decida repercutir o no ese coste, las ventajas económicas estimadas son incorrectas.

Sujeción al IVA de las transferencias efectuadas por el Ayuntamiento a favor de la entidad municipal

El artículo 78, apartado Uno, de la Ley del IVA establece que “la base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas”.

Por otra parte, el número 3º del apartado dos del artículo 78 de la Ley del IVA, establece que forman parte de la base imponible de esté impuesto:

“3º. Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto.
Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:
a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.
b) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.” [El subrayado es nuestro.]

De acuerdo con dicho artículo, las aportaciones realizadas por las Administraciones públicas para financiar la gestión de servicios públicos no tendrán la consideración de subvención vinculada al precio siempre y cuando la gestión de dicho servicio por la Administración público no dé lugar a una distorsión significativa de la competencia.

A efectos de apreciar la existencia de una distorsión significativa de la competencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el “TJUE”) en su Sentencia de 19 de enero de 2017, National Roads Authority (NRA, en adelante), Asunto C-344/15, ha establecido lo siguiente:

“(…) las distorsiones significativas de la competencia a las que podría llevar el hecho de no considerar sujetos pasivos a los organismos de Derecho público que actúen como autoridades públicas deben evaluarse con respecto a la actividad de que se trate, en sí misma considerada, sin que dicha evaluación recaiga sobre un mercado específico, y con respecto, no sólo a la competencia actual, sino también a la competencia potencial, siempre y cuando la posibilidad de que un operador privado entre en el mercado de referencia sea real y no meramente hipotética (sentencias de 25 de marzo de 2010, Comisión/Países Bajos, C-79/09, no publicada, EU:C:2010:171, apartado 91 y jurisprudencia citada, y de 29 de octubre de 2015, Saudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, apartado 74).

La posibilidad meramente teórica de que un operador privado entre en el mercado de referencia, que no venga apoyada por ningún elemento de hecho, ningún indicio objetivo ni ningún análisis del mercado, no puede asimilarse a la existencia de una competencia potencial (sentencia de 16 de septiembre de 2008, Isle of Wight Council y otros, C-288/07, EU:C:2008:505, apartado 64).

Tal como se desprende del enunciado del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva sobre el IVA y de la jurisprudencia relativa a esta disposición, la aplicación de ésta supone, por un lado, que la actividad de que se trate se realice en situación de competencia, actual o potencial, con la llevada a cabo por los operadores privados y, por otro lado, que la diferencia de trato entre esas dos actividades en materia de IVA lleve a distorsiones significativas de la competencia, lo que deberá evaluarse teniendo en cuenta circunstancias económicas”.

De acuerdo con la sentencia del TJUE, supremo interpretador de normativa del IVA, a efectos de determinar si el hecho de que sea el Ayuntamiento quien preste el servicio, bien de forma directa, bien de forma indirecta a través de una entidad 100% participada, puede suponer una distorsión significativa de la competencia, resulta necesario examinar si algunos de dichos servicios podrían ser prestados en la actualidad o en el futuro por un operador privado en igualdad de condiciones.

Pues bien, entre los servicios que son actualmente prestados la actual contratista/concesionaria, al menos los servicios de recogida de basura industrial podrían ser prestados por otros operadores en el mercado, en igualdad de condiciones que el propio Ayuntamiento, puesto que en la actualidad, algunas empresas contratan directamente con empresas privadas para la prestación de dicho servicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se desprende que, al menos la parte de la subvención que recibe la entidad municipal del Ayuntamiento para cubrir el déficit de la recogida de basura industrial, sí debería tener la consideración de subvención vinculada al precio, puesto que para la prestación de dicho servicio, la empresa municipal sí que concurre en competencia con otros operadores del mercado. En consecuencia, como mínimo la parte de la transferencia destinada a cubrir el déficit de dichos servicios constituiría una contraprestación sujeta y no exenta del IVA, debiendo la entidad municipal repercutir el IVA del 10% al Ayuntamiento. Dicho IVA soportado sería un coste para la Administración en la medida en que el Ayuntamiento no tiene derecho a la deducción.

Por tanto, cabe concluir que, al menos, una parte de las transferencias realizadas por el Ayuntamiento a la entidad municipal debe estar sujeta y no exenta del IVA, lo que llevaría a disminuir el pretendido ahorro fiscal argumentado de contrario.

En consecuencia, la Memoria se basa en cálculos y premisas totalmente incorrectos.

A modo de resumen de cuantos argumentos han sido desarrollados en el presente documento nada más esclarecedor que el contenido del informe firmado el 18 de mayo de 2021 por el Secretario Municipal.

En virtud de todo lo expuesto,

SOLICITAMOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO: Que teniendo por presentado este escrito, y por formuladas ALEGACIONES frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 27 de mayo de 2021 (por el que se ordena la apertura de un periodo de información pública por plazo de treinta días de la memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero referentes al análisis de las distintas fórmulas de gestión de los servicios municipales de recogida y transporte, limpieza viaria y punto limpio en el término municipal de Astorga), estime íntegramente su contenido y proceda a declarar la nulidad del presente procedimiento.

Por ser de Justicia que respetuosamente pedimos en Astorga a 1 de julio de 2021.